El impacto de las elecciones estadounidenses en la acción climática en Centroamérica

Las recientes elecciones celebradas en Estados Unidos el 5 de noviembre de 2024 han dado el triunfo a Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos y se proyecta un control del Partido Republicano sobre el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuáles son las consecuencias de estas elecciones para la lucha contra el cambio climático en Centroamérica?  ¿Cómo se anticipa que estos resultados afecten los esfuerzos de los gobiernos y las sociedades civiles centroamericanas para mitigar, adaptarse y confrontar los efectos del calentamiento global? 

Para ofrecer una respuesta tentativa, empleamos el concepto de “acción climática”[1]. Por acción climática entendemos a la amplia variedad de esfuerzos colectivos para afrontar el calentamiento global. Dentro de la misma, introducimos la distinción crucial entre acción climática institucional y no institucional. La institucional comprende “todas las actividades dirigidas por organizaciones y grupos que emplean procedimientos rutinarios y formalizados para conseguir objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y de preparación para la adaptación y resiliencia”. La no institucional se refiere a “las tácticas disruptivas” y las “campañas” para “impulsar medidas más drásticas para confrontar lo que es considerado como una emergencia climática o ambiental”[2]. El resultado de las elecciones en Estados Unidos tendrá sin duda implicaciones notables para ambas formas de acción climática en los países centroamericanos.

Injusticia climática y búsqueda de alternativas en Centroamérica

El istmo centroamericano es una región de alta vulnerabilidad ante el cambio climático. Lo que se puede apreciar en el aumento de una  mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos como huracanes de mayor intensidad (con los ejemplos de Eta e Iota en 2020) o sequías (como los que han asolado al corredor seco centroamericano). El calentamiento global también ha tenido un impacto humanitario en relación a pérdida de vidas humanas y medios de vida por deslaves, la reducción en la capacidad de producción de alimentos y de sobrevivencia del campesinado ante cada vez menores rendimientos agrícolas, o el incremento del estrés hídrico por la pérdida de fuentes de agua dulce. La situación de Centroamérica ante el cambio climático constituye un ejemplo claro de injusticia ambiental global y local. Como países pequeños en desarrollo, su contribución histórica a la producción de gases de efecto invernadero es ínfima; los peligros que deben enfrentar por el cambio climático, devastadores (particularmente para los grupos más pobres y desfavorecidos de estas sociedades).  

Desde el lado de la acción climática institucional en Centroamérica, el balance es entre políticas tibias y la expansión de megaproyectos ligados al capitalismo verde. Aún así, es notable la diferencia entre, por ejemplo, las más sustanciales políticas climáticas de Costa Rica, que desde hace dos décadas introdujo el medio ambiente en el corazón de sus políticas de desarrollo, y su debilidad en El Salvador, que en los últimos años ha emprendido una agresiva reducción de su aparato institucional ambiental. Incluso la acción climática institucional, centrada en mecanismos de mercado, enfrenta divergencias de un país a otro, particularmente dependiendo de las estrategias de reproducción de riqueza de las élites económicas. Por ejemplo, Guatemala ha presenciado una expansión de megaproyectos de energías renovables financiados por mercados internacionales de bonos de carbono, mientras este tipo de proyectos han tenido menor eco para los grupos de poder económico de Nicaragua.

 Desde el lado de la acción climática no-institucional, las protestas climáticas centroamericanas  no han alcanzado el grado de masividad en comparación con otras ciudades latinoamericanas (ejemplo, Ciudad de México). Debajo de la superficie, no obstante, encontramos una enorme riqueza de propuestas y experiencias desde los movimientos sociales del istmo, particularmente desde lo comunitario.) 

En este vibrante entramado, han sido decisivas las aportaciones de las comunidades indígenas, los grupos ecofeministas, las organizaciones campesinas, los movimientos ambientalistas y las comunidades de base cristianas. Estos colectivos han tejido redes de sobrevivencia, resistencia y propuesta a nivel inter-comunitario e internacional, con coaliciones inter-centroamericanas e incluso con movimientos ambientales transnacionales, que han colocado en el centro la lucha tanto contra el cambio climático y contra aquellas medidas climáticas que reproducen la desigualdad y la exclusión en la región (las “falsas soluciones” que denunciaba ávidamente la defensora ambiental lenca, Berta Cáceres, asesinada en 2016). No obstante, en la última década, el giro autoritario en la política centroamericana se ha traducido en un estrangulamiento de los espacios de acción climática no institucional.

Las elecciones en Estados Unidos y el cambio climático

Desde el financiamiento, pasando por el orden legal internacional hasta llegar a presiones directas (o la ausencia de ellas), el resultado de las elecciones estadounidenses tendrá importantes consecuencias para la acción climática institucional y no institucional en Centroamérica. Estas elecciones enfrentaban al ex-presidente Donald Trump, por el Partido Republicano, y a la actual vicepresidenta Kamala Harris, por el Partido Demócrata. Si bien históricamente, especialmente en ámbitos de política internacional, las diferencias entre las administraciones de uno u otro partido han sido menores o meramente de énfasis, en los últimos años la situación ha cambiado. Desde la irrupción de las derechas alternativas en el Partido Republicano como respuesta a las administraciones ejecutivas de Barack Obama (Demócrata, 2008-2012 y 2012-2016), y su consolidación bajo el liderazgo de Trump en 2016, la polarización en la definición de las políticas públicas se ha agudizado. 

Como uno de los múltiples temas que dividen el espectro político estadounidense, los enfoques sobre cambio climático de Trump y Harris presentaban marcados contrapuntos. Ahora bien, la discrepancia en posturas bipolares en la sociedad no se traducían completamente las alternativas políticas de ambos candidatos. Tal como lo expresó en el único debate presidencial Trump-Harris, la vicepresidenta apostaba a continuar el abordaje caleidoscópico, de transición climática lenta, de la actual administración de Joe Biden (2020-2024). Este enfoque se funda en el multilateralismo, como mantener y reforzar el Acuerdo de París (del cual Trump, en su primera presidencia, se había desligado), incentivos económicos para iniciativas climáticas locales/comunitarios, potenciación de mercados de energías renovables y apoyo financiero a megaproyectos verdes bajo un esquema de consumo individualizado, y al mismo tiempo, ampliación de la producción petrolera. Mientras tanto, apoyado por una coalición que incluye negacionistas del cambio climático o sectores que rebajan su gravedad (downplay), Trump proyectaba una agenda más sencilla, orientada a la inacción climática. Aún así, no estaba exenta de contradicciones. Si bien por un lado se anticipan medidas aislacionistas y unilaterales, con una nueva salida del Acuerdo de París y un reforzamiento aún más agresivo de la frontera petrolera, no se debe esperar un desmontaje total de las políticas de incentivos a las energías renovables, particularmente de aquellas que favorezcan a actores de mercado (el protagonismo del empresario billonario de vehículos eléctricos, Elon Musk, en el último tramo de su campaña, podría indicar esto). 

Posibles efectos del nuevo ciclo político en la acción climática en Centroamérica

Es difícil conocer a la fecha de hoy, con certeza y precisión, la panoplia de efectos de la victoria de Trump y el avance legislativo republicano sobre la acción climática en Centroamérica. Más allá de las políticas concretas sobre cambio climático o la ausencia de ellas, el nuevo ciclo político internacional afectaría las condiciones de financiamiento, asistencia y coordinación para la acción climática, de maneras incluso inesperadas. Por el lado de la acción institucional, podemos esperar una erosión de las condiciones que inducen a políticas o inversiones públicas sobre cambio climático en el istmo, particularmente aquellas atadas a la cooperación estadounidense y al Acuerdo de París. Más aún, estas condiciones pueden convertirse en un aliciente para una eliminación aún mayor de las protecciones ambientales en casos como el salvadoreño, o en menor apoyo institucional o técnico para gobiernos con una agenda ambiental como el costarricense u hondureño. Más aún, es posible que se gesten las condiciones para una mayor presencia de capitales estadounidenses (hasta ahora casi nulos, ensombrecidos por los canadienses y europeos) en la oleada de inversiones privadas en megaproyectos de energía renovable o en minerales ligados a los mercados verdes, como las hidroeléctricas y la extracción de níquel en Guatemala. 

 Por el lado de la acción no institucional, un escenario potencial es el aumento de conflictos como reacción indirecta (por ejemplo, ante un desastre ambiental ligado a un huracán o la desprotección alimentaria por sequías) al debilitamiento de políticas de adaptación, mitigación y confrontación del cambio climático en Centroamérica. En adición, el nuevo contexto político, dadas las alianzas geopolíticas de las fuerzas autoritarias en Centroamérica con aliados de la administración Trump en Estados Unidos, puede resultar en una mayor presión sobre los movimientos ambientales y las experiencias comunitarias de Centroamérica. A nuevas ofensivas de despojo territorial, se pueden sumar el coartamiento de libertades civiles y la persecución de activistas ambientales, que reducirán la capacidad de los movimientos para continuar con su experimentación de alternativas climáticas desde abajo. El ahogo a la sociedad civil en Centroamérica también atentaría con eliminar sustancialmente la presencia de estos movimientos en la construcción de alianzas transnacionales de acción climática.

Coda: los refugiados climáticos del istmo

Al margen de los deseos de los actores políticos y económicos nacionales e internacionales, los efectos adversos del cambio climático continuarán golpeando a las sociedades centroamericanas. La ausencia de medidas de mitigación, adaptación y redistribución, o el ahogamiento de alternativas societales solo redundarán en holgar la tragedia de la injusticia (y la desesperanza) climática que atormenta al istmo. 

Una de las expresiones más extremas se encuentra en las migraciones internacionales asociadas al calentamiento global, los refugiados climáticos. Grupos humanos desplazados territorialmente, en búsqueda de condiciones básicas de sobrevivencia, ante, por ejemplo, el panorama desolador de desnutrición generalizada y olvido que se atestigua en aldeas y caseríos del corredor seco centroamericano[3]. Datos del Banco Mundial proyectan estos desplazamientos inducidos por cambio climático entre 1.4 y 2.1 millones en México y Centroamérica hacia 2050[4], como una forma extrema de acción climática (o de re-acción climática). 

Resulta paradójico que uno de los mensajes claves que ayudaron a la elección de Trump como presidente de Estados Unidos haya sido la promesa de una deportación masiva de inmigrantes y el bloqueo la frontera sur ante nuevas oleadas migratorias. Los refugiados ilustran en su cuerpo y vivencias las múltiples injusticias sociales y ambientales, locales y globales, del cambio climático, y las consecuencias a futuro de la inacción, que se agudizarían en el ciclo político por venir.